I Jornadas de Profesionalización del Historiador del Arte

El jueves y viernes pasado asistí a las I Jornadas de Profesionalización y Emprendimiento del Historiador del Arte, organizadas por el Máster Universitario del Patrimonio Artístico Andaluz y su Proyección Iberoamericana de la Universidad de Sevilla y celebradas en la Fundación Valentín de Madariaga. La temática parecía muy similar a la de aquel Seminario, organizado por la Universidad Pablo de Olavide, al que asistí a finales del pasado invierno. Sin embargo, su enfoque resultaba mucho más preciso: se iba a debatir sobre el intérprete del patrimonio y su normativa legal. Un asunto sin duda candente, que me recordó a aquel post de Dani Puertas sobre la materia.

CARTEL EMPRENDIMIENTOLas primeras conferencias estuvieron enfocadas a las posibilidades de desarrollo profesional del historiador del arte en general y como intérprete del patrimonio en particular.

Para ello, contamos con la presencia del profesor Juan Carlos Hernández, que trazó una perspectiva de los perfiles profesionales asociados a la Historia del Arte, definió el concepto de interpretación del patrimonio y explicó el desarrollo de los estudios sobre interpretación del patrimonio en las universidades. Me sorprendió descubrir que este asunto apenas se estudia como un tema más dentro de una asignatura general en el Grado de Historia del Arte. Es cierto que yo nunca lo traté en mi carrera, pero teniendo en cuenta que la terminé hace doce años, esperaba que el panorama hubiera mejorado.

Las siguientes ponencias recogieron la experiencia de profesionales en activo: Carlos Millán, de la empresa zaragozana gozARTE, y Andrea Pezzini, que gestiona desde Úbeda la empresa Artificis. Ambas se dedican a la gestión e interpretación del patrimonio cultural, enfocando su trabajo a dos tipos de perfiles diferenciados y en auge: el público local -sobre todo en Zaragoza- y el viajero cultural -que destaca en Úbeda. Las dos charlas se plantearon como ejemplos de emprendimiento en el sector, como posibles vías para rentabilizar -económica y socialmente- el patrimonio cultural. Un camino a seguir que, ahora mismo, no es ni la mitad de fácil: haber llegado y haberse posicionado hace quince años, cuando el mercado aún no estaba saturado, debió ser una ventaja importante. El espíritu de las dos empresas era muy claro y tenían algunos aspectos en común: creían en sí mismos, se apoyaban en el rigor de la investigación sobre el patrimonio y, al mismo tiempo, le daban al público lo que quería. En los dos casos, aunque debían ser ineludibles los acuerdos y convenios con lo público, se apoyaban principalmente en lo privado. Me quedé con ganas de preguntarles sobre la fluidez de las relaciones con las administraciones porque, desde mi experiencia personal, a veces es difícil que se perciba como necesario complacer al visitante.

Durante la tarde del jueves, Florencio Quintero nos ofreció una ponencia «mixta» que, por un lado, recogía su experiencia profesional al frente de la empresa Conocer Sevilla, y por otro nos ofrecía las primeras pinceladas sobre la diferencia entre informadores turísticos e intérpretes del patrimonio, así como la normativa aplicable. Fue el primero en mencionar la Directiva Bolkestein, por la cual la Unión Europea insta a la liberación de los servicios en materia de turismo. Esto afecta directamente a los intérpretes del patrimonio, que trabajan en entornos considerados tradicionalmente «territorio» de los guías turísticos, aunque su labor sea muy diferente y el territorio sea, en efecto, un elemento del patrimonio cultural. Quintero también apuntó la voluntad de la Consejería de Cultura de crear un listado de empresas culturales para facilitar su labor en este ámbito. Y como miembro precisamente de esa consejería, Luis Flores insistió en este aspecto, animándonos a participar a través de la Agenda Andalucía Tu Cultura.

La mañana del viernes estuvo dedicada a revisar la legislación vigente para los profesionales del turismo y de la interpretación del patrimonio. Tuvimos conferencias a cargo de Jesús Coca y Elena Oviedo, de Montero Aramburu, y también de Ignacio Trujillo, letrado de la Junta de Andalucía. Todos ellos mostraron cómo la normativa andaluza se había ido adaptando a la Directiva Bolkestein: por un lado, a través de la ley de turismo de Andalucía, que en su artículo 54 definía las actividades de los guías de turismo pero sin concederles exclusividad; y por otro, mediante la creación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, entre cuyas funciones se cuenta la difusión del patrimonio. También se mencionaron algunas resoluciones al respecto de la Administración Andaluza.

La idea que destacaron en conclusión es que la legislación más reciente no prohíbe el ejercicio de los guías habilitados, ni impide la convivencia con los intérpretes del patrimonio; por el contrario, la normativa se ha hecho más flexible precisamente para garantizar esta coexistencia porque se percibe que ambas funciones, la del guía y la del intérprete, no se solapan ni se anulan, sino que pueden ser complementarias.

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